Edictos, policía de moralidad y usos del pasado
Escrito por Cristiana Schettini y Diego Galeano, este ensayo aborda el pasado de la policía de costumbres y moralidad a través de documentación aún poco trabajada. Al esquivar los sentidos naturalizados y unívocos de una acción represiva constante, el texto repone contextos nodales de una intervención policial signada por los edictos y los arrestos contravencionales. “Contra locas y putas” sigue los hilos de narrativas históricas y referencias simbólicas centrales para la memoria de la comunidad LGBT (tales como 2ºH y Brigada de Moralidad) para comprender la experiencia concreta de policías, putas y locas en el siglo XX.
Por Cristiana Schettini y Diego Galeano
Corría el mes de octubre de 1985 en plena primavera democrática. La revista El Periodista de Buenos Aires transitaba su segundo año de vida con una gran popularidad por sus reportajes sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Ilustradores que venían de la revista Humor y un staff de periodistas que, poco después, pasarían a Página/12, le dieron forma a este éxito editorial: en los meses del juicio a la junta militar llegó a superar los cien mil ejemplares vendidos en cada edición semanal. Bajo el título “La persecución enmascarada”, una crónica llamaba la atención por una ilustración de Pablo Páez, en la que un policía, cuyo bigote y semblante recordaban a Videla, pispeaba por detrás de un poste a dos maricas que, con sus gafas y torsos desnudos, ocupaban el primer plano.
El relato conducía al lector a las entrañas de la madrugada porteña, con la escena de un antro gay sacudido por un “operativo de rutina” de una policía que se presentaba con el nombre de Moralidad. Aturdidas por sirenas y enceguecidas por reflectores, las maricas escuchaban cuando un agente pronunciaba la palabra “contravención” y se evocaba una vieja ordenanza municipal contra los bailes públicos, luego otra disposición que los prohibía a partir de cierta hora y otra que impedía danzas entre hombres. Mientras algunas maricas y lesbianas gritaban “¡viva la democracia!”, otras eran conducidas en patrulleros, y hasta en un taxi contratado para la ocasión, hacia la comisaría más próxima para “averiguación de antecedentes”. Pese al destino de estos arrestos, el operativo no había sido una orden del comisario del barrio sino de aquella autoridad policial conocida como Moralidad.
De hecho, al pie del reportaje, El Periodista incluía una entrevista con Benito Mola, jefe de la División de Moralidad de la Policía Federal Argentina. Mola ocupaba ese cargo desde diciembre de 1984, un año después de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, y la revista había tardado más de cuatro meses para entrevistarlo. Como cualquier otra oficina de la burocracia policial, la suya se ocupaba del “mantenimiento del orden público”, aunque con una especialidad: los “delitos contra la moral” y las “inspecciones” en los locales nocturnos. Mola explicaba que en esos operativos de rutina podían darse detenciones por hechos delictivos, pero sobre todo por contravención a los edictos policiales y a las disposiciones municipales. Al ser indagado sobre los abusos atribuidos a Moralidad, las respuestas eran evasivas y se imponía la regla de lo tolerado dentro de las “cuatro paredes”, que también regía para el trabajo sexual. “Nosotros actuamos cuando se altera el orden y la moral pública”, decía y, sin pausa, mencionaba el “caso de la prostitución o los homosexuales”. En su defensa, el jefe sostenía que solo eran “reprimidos” o “detenidos” cuando incurrían en contravenciones a las elásticas figuras del “escándalo”, la “incitación al acto carnal” y el uso de “ropas de distinto sexo”.
El reportaje puede ser leído como un choque entre dos visiones contrastantes. De un lado, en las preguntas del periodista se notaban los ecos de las reivindicaciones de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), nacida el año anterior y que recién inauguraba su sede. En ese momento, eran centrales las denuncias a las arbitrariedades policiales, que luego se materializarían en carteles durante las primeras Marchas del Orgullo. Esa historia es más conocida. Sin embargo, en el otro lado del diálogo registrado por el reportaje, aparecía la palabra de una autoridad cuyo relato movilizaba conceptos de una policía de costumbres con profundas raíces en el siglo XX. El cronista las reconocía al anotar que el “gay argentino” había vivido “siempre reprimido y con miedo”. Por su parte, Mola reproducía otra proyección hacia un pasado sin límites como un espejo invertido: “la policía en ningún momento se ha ensañado contra los homosexuales, ni ahora ni nunca”. En sus posiciones opuestas, ambos llegaban a la misma conclusión. Siempre la policía de costumbres hacía lo mismo.
Antes de desechar las palabras de Mola como hilos de voz de un agónico pasado autoritario, vale la pena recorrer la cambiante e inexplorada historia de la División de Moralidad. Que no haya sido estudiada no quiere decir que su nombre sea completamente desconocido. Al contrario, circulaba en la prensa desde antes del retorno de la democracia. En 1982, el primer número de la revista Perfil publicó una investigación sobre el mundo gay en la que dos periodistas invitaban a sus lectores a entrar “al despacho del comisario Carlos Alberto Golemme”, antecesor de Mola en la jefatura de la División Moralidad. Golemme contaba que su misión era la vigilancia del ejercicio de la prostitución, haciendo cumplir los edictos policiales, en particular uno conocido como “2ºH” que castigaba la “incitación al acto carnal”. Aunque negara la persecución a homosexuales, reconocía que las “brigadas de moralidad detienen como transgresores del 2ºH a los que cumplen la función de pasivos y pagan a un taxi boy”. De este modo, la tensión entre la idea de una policía enfocada en la prostitución y la condena moral al rol pasivo se resolvía en favor de una vigilancia cotidiana que, además del meretricio, reprimía la sociabilidad homoerótica, muchas veces con agentes encubiertos que se hacían pasar por interesados en los espacios de encuentro.
En esos años, también circularon textos que situaban a la policía de moralidad en el centro de una larga historia de la represión de la homosexualidad, cuyos rastros textuales pueden seguirse desde los escritos de Néstor Perlongher hasta los de Juan José Sebreli. En su ensayo Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires, publicado por primera vez en un número de 1983 de la misma revista Perfil, Sebreli construía una extendida duración, en la que los bandos de buen gobierno del virrey Vértiz devenían un ejemplo de las disposiciones policiales que castigaban a los homosexuales “sin nombrarlos”. A su vez, su genealogía aportaba otra temporalidad más corta, centrada en el siglo XX, con marcados altibajos represivos. Según esta visión, el golpe de 1930 y su “régimen protofascista” habría desatado una “campaña moralizadora” que destruyó la agitada “vida alegre” de la noche porteña en las primeras décadas del siglo XX. A los primeros gobiernos peronistas les atribuía un “reforzamiento del poder policial” que involucró ribetes de una “represión moral” vertebrada en dos columnas: el Reglamento Contravencional de 1946 y el edicto de “escándalo público”, que sería producto de una orden del día 19 de abril de 1949, decía el autor, “conocida comúnmente como 2ºH”. A los gobiernos de facto que siguieron a la Libertadora – e inclusive al “supuestamente democrático” de Arturo Frondizi – le atribuía, igualmente, concretas campañas anti-homosexuales lideradas por sección Moralidad de la Policía Federal Argentina, cuando estuvo encabezada por Luis Margaride.
Bautizado como “la tía margarita” por las maricas de la época, el nombre de este comisario inspector y la expresión “2ºH” forman parte de un stock de referencias icónicas de la represión policial. En la experiencia de las razias en boliches, frases como “cayó Moralidad” eran moneda frecuente entre maricas y lesbianas, mientras que inscripciones como “no al 2ºH” podían encontrarse en las paredes de las teteras de las estaciones ferroviarias. Desde los documentos producidos por la CHA, pasando por los testimonios que Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli recogieron para el libro Fiestas, baños y exilios (2001), los ecos de estas palabras llegan hasta los más recientes trabajos académicos de historia de la sexualidad en la Argentina.
De este modo, la narrativa de Sebreli retomaba saberes forjados en la militancia y la experiencia social de la homosexualidad en Buenos Aires, profundamente marcados por el accionar policial. El relato se inscribía así en iniciativas previas que construyeron periodizaciones sobre esta represión en la Argentina, tarea en la que tuvo un papel central Néstor Perlongher, cuando ya era conocido como uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual (FLH). Hacia fines de la década de 1970, mientras se las rebuscaba para irse a San Pablo, empezó a pergeñar un texto que llegó a un Brasil en medio de un lento proceso de apertura de su dictadura militar y de reorganización de movimientos de trabajadores, feminismos, militancia negra y homosexual. Sus contactos lo aproximaron al grupo “guei” que editaba Lampião da Esquina: publicado entre 1978 y 1981, el periódico registraba esa bulliciosa multiplicidad de voces que encantó a Perlongher. En el número de febrero de 1980, vio luz la primera versión impresa del ensayo “La represión de los homosexuales en la Argentina” que, hasta ese momento, circulaba mecanografiado de mano en mano.
La versión en portugués, publicada sin autoría para preservar su identidad y seguridad, se transformaba en una denuncia del “sofoco argentino”, en alusión a la brutal represión de homosexuales “en la tierra de Videla”. Pero al comenzar con el subtítulo “Un poco de historia”, el texto remontaba la explicación a un pasado en el cual el dictador era todavía un niño. Los “ataques de terror” contra quienes “eran o parecían ser homosexuales” habían tenido lugar desde antes, aunque el punto de partida – que luego reproduciría Sebreli – residía en los intentos de “limpieza moral” tras el golpe militar de 1930. Si ese año simbolizaba un cierto quiebre, la historia continuaba con el gobierno peronista, que había “introducido secretamente” el dispositivo legal de los edictos de policía de moralidad “creados casi todos en 1946”.
Es verdad que Perlongher consideraba que no habían sido los primeros gobiernos de Perón los más enérgicos en el uso de contravenciones para campañas anti-homosexuales, pero el dispositivo habría permitido que, en las décadas siguientes, civiles como Frondizi y militares como Juan Carlos Onganía contaran con las herramientas para poner en marcha esa fusión fatal entre los edictos policiales y la sección Moralidad. La lectura señalaba que “una cierta tolerancia” fue posible por el “clima de caos generalizado” que reinaba en la Argentina a mediados del siglo XX. Esa inestabilidad ayudó a mantener abiertos boliches que funcionaban por la corrupción policial o inclusive manejados por milicos retirados. Tras el golpe de 1976, concluía Perlongher, la persecución se intensificó y se transformó en el “terrorismo cotidiano” que, al día de la fecha de esa publicación, los homosexuales todavía sufrían a la par de otros enemigos declarados del régimen.
Pese a sus miradas disímiles sobre la militancia homosexual, Perlongher y Sebreli coincidían en una narrativa histórica alimentada por la experiencia compartida y transmitida a través de generaciones de maricas. Antes que Sebreli llevara ese bagaje al género del ensayo, Perlongher lo puso al servicio de la necesidad inmediata de denunciar las violaciones de los derechos de la población homosexual en la Argentina. El régimen de Videla – decía – no había inventado algo nuevo, pero llevó el “gigantesco poder de la policía argentina” forjado por gobiernos anteriores, con toda la “inercia propia de sus dimensiones”, a una escala de violencia inédita. En su relato, gobiernos militares y civiles, peronistas y anti-peronistas, se mancomunaban en una verdadera “conspiración del silencio” que encubría la persecución policial.
La sensación de “sofoco” transmitida por la denuncia era reforzada por una tétrica ilustración con esqueletos de uniforme militar que combatían en un campo de batalla entre cráneos amontonados, escena de la que participaban figuras también esqueléticas de sombreros mexicanos a lo San la muerte. No era el tipo de imagen más frecuente en las páginas de Lampião, que apostaba más bien al humor irreverente de fotografías y caricaturas. A ojos de sus lectores, el título y la ilustración transmitían cierta lejanía, pero con el texto no pasaba lo mismo. Las violencias institucionales de la dictadura argentina estaban a tono con la centralidad que tenía en este periódico homosexual el grito contra la represión policial en Brasil. A tal punto era así que en el mismo número podían encontrarse denuncias contra el “estado permanente de terror” impuesto por la policía a la población afrodescendiente, mientras que una nota de João Silverio Trevisan, editor del periódico y traductor del texto de Perlongher, entrevistaba jóvenes prostitutas de San Pablo que reclamaban el “fin a las extorsiones policiales”. Sin esquivar la confrontación con moralismos predominantes en la izquierda, Trevisan convocaba a una alianza entre “putas y putos” que vivían bajo el mismo cielo de asedio policial.
Desde la mirada de estos sujetos que intentaban construir una historia de la represión de la homosexualidad con un horizonte de expectativas democráticas era difícil separar la historia íntima de la sociabilidad homoerótica de un pasado demasiado presente en el que palabras como “edictos”, “órdenes del día” y “razias” eran centrales. El paso de los años transformó esas mismas referencias en lugares comunes sobre la historia de la experiencia gay en la Argentina, con fuerte impacto en las lecturas que fueron surgiendo en sede académica. La expectativa de encontrar en el pasado – en cualquier pasado – signos de una violencia policial fundante convirtió la dialéctica de la represión y la resistencia en un motor de la trama de casi todas las historias posibles. Referencias obligatorias, genéricas y, muchas veces, imprecisas a nociones como “2ºH” y “Brigada de Moralidad” codificaron esas expectativas.
Ante estos persistentes usos del pasado, es posible rastrear huellas textuales de esas nociones con preguntas acerca de la construcción de narrativas históricas sobre la represión policial de la sexualidad. No se trata aquí de apuntar errores ni redescubrir verdaderos orígenes, sino de prestar atención a las tramas siempre contextuales y específicas de las prácticas policiales, a sus oscilaciones y discontinuidades, a las negociaciones más o menos silenciosas con poderes que limitaban su accionar, a la relación intrínseca entre memoria de la represión, luchas militantes y formas de relatar el tiempo pasado. Cuestionar periodizaciones consagradas es una forma de escuchar esos hilos de voces involucrados en esta historia, inclusive las de los vigilantes. Escucharlas, en la medida de lo posible, en el tejido de los significados de su tiempo y leerlas en su más concreta inmediatez.
Una policía llamada Moralidad
Los vestigios documentales del dispositivo “2ºH” y de la sección Moralidad permiten una incursión crítica. Cuando Perlongher escribía que en la Argentina la homosexualidad no era reprimida “como tal” se refería a que “oficialmente” lo que se castigaba era algo denominado escándalo. Es posible, en efecto, hurgar en el pasado de ese campo de acción policial sin atribuirle un sentido dado de antemano, unívoco y persistente, en el que todo estaría siempre a disposición del papel natural de reprimir a las entonces llamadas minorías sexuales. La propia policía dedicada a costumbres y moralidades funcionaba en una zona indefinida, por momentos casi imperceptible, que a veces se tornaba palpable gracias a los edictos, códigos de faltas y órdenes del día que componían una heterogénea “ley de la policía” desde el siglo XIX. Y en lo que se refiere al campo semántico del escándalo, ninguna historia puede omitir la centralidad altisonante del “problema” de la prostitución.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, autoridades políticas, policiales y municipales entablaron una discusión sobre la conveniencia de reglamentar el ejercicio de la prostitución, con base en argumentos higienistas, de moralidad y de seguridad pública. En un momento en el que los contornos mismos de esas instituciones estaban en pleno proceso de delimitación, la vigilancia de las meretrices fue objeto de disputa entre policía y municipalidad. El campo de policía de costumbres (y la propia traducción de police des moeurs indica la centralidad del estilo francés de regulación del comercio sexual) terminó siendo una atribución municipal formalizada en una ordenanza de 1875. El dilema cotidiano de diferenciar una prostitución “reglamentada” de otra “clandestina”, que involucraba rutinas recaudatorias por patentes e infracciones, extendió el forcejeo entre agentes policiales y municipales hacia una diversidad de prácticas englobadas en el dominio entonces inseparable del desorden y el escándalo.
A comienzos del 1900, la idea misma de clandestinidad, con sus connotaciones de una actividad escondida y opaca, poco dice sobre la estridente visibilidad de mujeres que podían ser identificadas como prostitutas fuera del reglamento que regía en la ciudad de Buenos Aires. Todo dependía de la querella de sentidos sobre la mezcla de interacciones laborales y sexuales que habitaban cafés cantantes y de camareras, teatros de variedades, casas de citas e inclusive veredas, en las que algunas prostitutas insistían en exponerse a través de las ventanas o mirando en búsqueda de clientes. Las sucesivas ordenanzas municipales sobre el comercio sexual convocaron a la intervención auxiliar de los comisarios seccionales, quienes, a la vez que se mostraban renuentes a meterse al interior de propiedades particulares, buscaban sacar provecho de zonas de injerencia callejera.
En 1908, la jefatura de Ramón Falcón le dio impulso a la intromisión policial en la vigilancia municipal de las costumbres. A través de una orden del día, abrió espacio a una especie de reglamentación paralela que instaba a los comisarios a llevar libros con registros de prostitutas y sus “sirvientas”. Se encargó además de organizar las normativas policiales vigentes desde 1880 y en la recopilación se incluyó un capítulo sobre “desórdenes y escándalos”. Bajo ese título se reunían cuatro artículos que definían las faltas y determinaban medidas concretas para castigarlas: las “cencerradas” y “riñas públicas”, la incitación al acto carnal “desde puertas y ventanas” y los “excesos de lenguaje”, “actos o ademanes obscenos” comunes entre “gente de trabajo”. También quedaban contempladas la venta de impresos de índole pornográfica, así como las ofensas verbales y físicas contra mujeres, que era preferible tratar con discreción para evitar el “bochorno” de su divulgación en los diarios.
Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el dominio convergente de los desórdenes y escándalos – edictos que, más tarde, ganarían mayor diferenciación – fue un campo de intervención de las comisarías. Y también de la División de Investigaciones: con su sede localizada en el Departamento Central, desde 1897 estaba subdividida en oficinas específicas, primero denominadas “brigadas” y, poco después, rebautizadas como “secciones”. Muchos de sus nombres (Robos y Hurtos, Defraudaciones y Estafas) se convirtieron en categorías clasificatorias del archivo de prontuarios, además de vocabulario elemental de la jerga compartida por policías y periodistas. Desde sus comienzos, una sección de Seguridad Personal estaba encargada de vigilar los llamados “atentados contra la vida y la moral”. Además de listas de prostíbulos, llevaba un minucioso registro escrito y fotográfico de sujetos apuntados como “rufianes” (proxenetas).
Esta práctica significó un aprendizaje institucional de vigilancia “preventiva”, más tarde aplicada a homosexuales, sobre una diversidad de comportamientos que no eran delitos previstos por el Código Penal. En 1913, un ensayo del médico higienista Enrique Feinmann publicado por la imprenta de la Policía de la Capital explicaba que los agentes de investigaciones tenían una sólida “experiencia acumulada”, pero escasos “recursos legales” para lidiar con “las costumbres y la moralidad pública”. Los arrestos a los sospechosos de “rufianismo”, por ejemplo, demandaban el recurso a una variedad de contravenciones, tales como la portación de armas, como una forma de mantenerlos bajo la lupa.
Si el repertorio de prácticas que dieron forma a esa policía configura un primer momento con sentidos específicos, un segundo nudo puede ser rastreado en el período de entreguerras. Una ordenanza municipal de 1919 reemplazó a los grandes burdeles por “casas independientes”, con tolerancia de una por manzana, disparando el precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Frente al creciente reconocimiento de la ineficacia de la prostitución reglamentada, la policía porteña fue reorganizando su campo de acción sobre los dinámicos mercados de entretenimientos, la vida nocturna y la sociabilidad sexual. En la década de 1920, una subsección dentro de Seguridad Personal (nombrada como “Moralidad” o “subsección B”) empezó a reunir las tareas de vigilancia moral. Entre sus heterogéneas y maleables atribuciones, perseguía varones que molestaban “a las señoras y niñas” en sus paseos por las vidrieras de la calle Florida y el Balneario Municipal, según explicaba la Memoria de Investigaciones de 1925.
En los años siguientes los jefes de Investigaciones y de la sección de Seguridad Personal atribuían al vertiginoso “cambio de costumbres” una excesiva demanda que afectaba a la policía de moralidad, señalando en particular al cinematógrafo y a las lecturas impúdicas como responsables del deterioro de los vínculos familiares. Sus agentes debían encarar una faena tan inmensa como silenciosa: intervenir en la vida doméstica tocada por los desvíos modernos con una “mediación de carácter paternal”, sabiendo combinar una postura “conciliatoria y preventiva” con “paciencia y tacto”. Solución de rencillas familiares, casos de menores seducidas y fugas del hogar eran parte de una activa esfera de intervención policial en el orden familiar, sexual y afectivo. Uno de estos jefes celebraba que, en virtud de ese estilo discreto, muchas de las historias familiares que llegaban a la subsección B habían terminado resueltas “en el Registro Civil”, sin ser expuestas en las crónicas rojas de los diarios. Mientras las noticias de la prensa sensacionalista estaban en boca de todos, pocos conocían los pormenores de ese delicado trabajo policial.
Pese a este discurso institucional, no siempre las intervenciones eran tan sigilosas. En 1927 la policía encabezó una ruidosa campaña contra las “malas publicaciones”, aplaudida por asociaciones civiles católicas y por la Sociedad Israelita de Protección de Niñas y Mujeres. El apoyo enfático a la vigilancia de las amenazas a la moralidad de las jóvenes estaba fundado en preocupaciones propias de las historias de trata de mujeres. Entre estas estrepitosas campañas de moralidad pública y las más taciturnas mediaciones de dramas familiares, un nuevo campo de intervención policial fue tomando forma. En las disposiciones que circulaban por órdenes del día de la jefatura podían entreverse las complejidades de la tarea de arrestar varones y mujeres por razones como “ebriedad y escándalo”, sumadas a las detenciones preventivas de “sujetos de malos antecedentes”.
Así se fueron configurando procedimientos y rutinas de acción que se extendieron mucho más allá de la prostitución. En 1927 se ordenaba, por ejemplo, que las mujeres reincidentes en contravenciones permanecieran lo mínimo posible en las comisarías y fueran enviadas directamente al Asilo San Miguel, a disposición del jefe de policía. También se recomendaba la aplicación de los edictos de desorden y escándalo para reprender varones que, en días festivos, viajaran en vehículos “dando gritos” e “ingiriendo bebidas”, o que circularan en “mangas de camisa”, ofendiendo “el pudor de los demás”. Desde la década de 1920, estas órdenes del día, los edictos y el accionar cotidiano de la subsección B terminaron dando forma a una policía de moralidad, cuyos contornos se delinearon antes del golpe de 1930.
El Segundo Hache
La denominada “década infame” no debe ser vista, entonces, como el origen de un largo legado autoritario de policía de costumbres, sino como el punto de llegada de procesos previos que no corresponden a un crescendo represivo lineal. En ese sentido, la memoria institucional de 1933 registraba, al interior de Seguridad Personal, una subsección de Moralidad, al lado de otras como Toxicomanía y Crímenes. Era entonces descrita como una “oficina pequeña”, que “carecía de empleados y de otros elementos”, pero que enfrentaba grandes desafíos. Junto a la identificación de prostitutas y de proxenetas se ampliaban las tareas de vigilancia de publicaciones pornográficas, entretenimiento nocturno y nuevos espacios de encuentro sexual. Esa acumulación debe ser explicada a la luz de transformaciones específicas de los años 1930, que a su vez pueden comprenderse mejor si se conecta la policía de moralidad con el otro emblema de las narrativas históricas sobre la represión de la homosexualidad: el famoso “2ºH”.
Muchos textos lo mencionan como una normativa en sí misma, pero el 2ºH era un inciso del edicto que regulaba los contornos de una acción policial basada en la noción de escándalo. Dictado en julio 1932 durante la dictadura de Agustín Justo, amalgamaba prostitución y homosexualidad en un mismo espacio textual, motivo por el cual tenía una conexión estrecha con la lógica de la policía de moralidades. A menos de dos años del golpe de 1930, con la escalada represiva amparada por el estado de sitio y la ley marcial, la jefatura del coronel Luis García publicó una larga lista de edictos que – como explicó Lila Caimari – significaron una respuesta a las tentativas judiciales y legislativas de limitar las capacidades de arresto de la policía. El edicto de escándalo contaba con dos artículos que respondían a puniciones diferentes. El primero involucraba una multa pecuniaria (de 20 a 50 pesos moneda nacional) y un arresto que podía extenderse de seis hasta quince días. Los incisos de ese primer artículo se referían a sujetos y conductas pasibles de esas sanciones, movilizando el ambiguo lenguaje del “atentado al pudor”, la obscenidad de palabras y ademanes, la corrupción de las “buenas costumbres”, los insultos y blasfemias, además de incluir algunas prácticas más concretas como orinar en la vía pública y pintar las fachadas de los edificios.
De puniciones más severas, el artículo 2º ampliaba las multas hasta 70 pesos y llevaba los arrestos al límite de los veintiún días. Los primeros incisos se referían a la provocación verbal o gestual, la falta de respeto y el “manoseo” de mujeres, los baños en lugares públicos “quebrando las reglas de decencia y decoro”, la incitación de menores a “actos inmorales”, o su entrada a prostíbulos y otros sitios “impropios”, y el uso de “vestimentas indecorosas”. Por fin, los últimos cuatro incisos decían: “(f) Los que se exhibieren en la vía o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario; (g) Las prostitutas o su servidumbre que desde su casa incitaren a las personas […]; (h) Las prostitutas inscriptas o no en el Dispensario Municipal, las mujeres libidinosas y los ‘homosexuales’ que en la vía pública incitaren o se ofrecieren a los transeúntes; (i) Los sujetos conocidos como pervertidos que se encontraren en compañía de menores de 18 años cumplidos”.
La nomenclatura 2ºH, por lo tanto, provenía de uno de esos incisos del edicto sobre escándalo del 15 de julio de 1932: el que nombraba, acaso por primera vez en las disposiciones de la policía porteña, a los “homosexuales”. Pero esta normativa formaba parte de una reforma más general de los edictos, que incluía la revisión de contravenciones antiguas y la inclusión de figuras nuevas. La renovación contemplaba una serie de “disposiciones generales” que preveían, por ejemplo, una regla de aplicación automática de la máxima pena en cualquier infracción cometida por proxenetas, pederastas y prostitutas “reincidentes en contravención”.
Un informe de la subsección Moralidad registraba la detención por simple “averiguación de antecedentes” de casi 300 prostitutas y de alrededor de 130 sujetos anotados como “pederastas” entre 1932 y 1933. Estos arrestos sugerían un efecto inmediato del nuevo edicto sobre escándalo y un aumento relativo de las detenciones por pederastia en relación con los años anteriores. Por ejemplo, según las memorias de investigaciones, entre 1926 y 1927 habían sido presos por contravenciones más de 400 proxenetas, alrededor de 500 prostitutas y 56 pederastas. Además, el informe de Moralidad de 1933 destinaba, por primera vez, un apartado exclusivo a la pederastia. Su vigilancia era considerada tarea “ingrata”, pero necesaria, porque involucraba “víctimas de una desviación sexual” que, por lo general, eran personas de “buenos antecedentes”. Se aclaraba que el arresto contravencional no había “dado pie a otro procedimiento que su identificación en los archivos policiales” y que los anaqueles con prontuarios de la policía de investigaciones habían ganado “un fichero especial donde se hallan clasificados esta clase de individuos”. Si bien la retórica moral de la sodomía no era abandonada, ya se hablaba en esta memoria de la homosexualidad como “fenómeno biológico”, filtrándose taxonomías médicas, como la que separaba al “pederasta congénito” del entregado al vicio por hábitos “adquiridos”.
El redactor de este informe no dudaba en ponerle un nombre fuerte a esta serie de arrestos por el nuevo edicto: “campaña contra la pederastia”. Más de un centenar de individuos prontuariados permitían hacer un primer balance para echar cierta “luz sobre el oscuro fenómeno de la anormalidad de esos enfermos”. La adjetivación biomédica no llevaba aquí a explicaciones etiológicas sobre las “ocultas y remotas causas del problema homosexual”, ni tampoco a proponer tratamientos clínicos para esta “tara vergonzosa”. Lo que interesaba al “propósito moralizador de la policía” – explicaba – no era intervenir en el “orden privado de las personas”, sino evitar el “espectáculo inmoral que ofrecen públicamente tales sujetos”. Había que instruir a los agentes de investigaciones para transitar esa espinosa cornisa que siempre podía terminar con intromisiones indebidas. La tarea demandaba un buen diagnóstico sociológico de la vida de los homosexuales en Buenos Aires, que las historias archivadas en los prontuarios ya permitían ensayar.
Vale la pena una cita larga de ese fragmento del documento policial: “Los pederastas se hallan hermanados entre sí por la íntima solidaridad que les depara su desgracia. Generalmente todos se conocen y cultivan amistad recíproca, extendiendo su trato hasta las personas que, ya por curiosidad morbosa, o por otras razones que escapan a la naturaleza de esta memoria, forman el círculo de vicio en que se mueven estos seres desgraciados. Se trata por lo común de individuos bien educados, aunque amanerados, a veces inteligentísimos, con gran semejanza femenina desde el punto de vista psicológico. No todos los pederastas son ‘maricas’. Estos últimos, lo dicen ellos, pertenecen a un tercer sexo, y no les interesa el juicio ajeno sobre sus modalidades. Por lo general se trata de elementos ordenados y en su mayoría trabajan o estudian; carecen de las condiciones esenciales para la delincuencia; son faltos de resolución y audacia, siendo su principal preocupación mantener en secreto la tan nefanda enfermedad”.
En su impulso etnográfico, el informe nos habla tanto del objeto de vigilancia como del sujeto vigilante. Y, claro está, ofrece pistas sobre la interacción entre maricas y agentes de investigaciones. El edicto de 1932 había habilitado a los policías a arrestar, interrogar y prontuariar, en poco tiempo, cientos de homosexuales. Por ahora no sabemos quiénes eran y en qué lugares fueron detenidos. Tampoco tenemos acceso a lo que fue registrado en esos prontuarios, porque la Policía Federal Argentina deja mucho que desear en materia de abertura de sus archivos a historiadores e historiadoras. En contraste, el fondo de la policía rosarina en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe guarda documentación de una Sección de Moralidad Pública de la División de Investigaciones local que, al menos desde 1929, reunió prontuarios de prostitutas, proxenetas, homosexuales y personas trans.
Homo-sexuales con guión
En su Historia secreta, Sebreli sostenía que, hasta la llegada del peronismo, “la vida de los homosexuales porteños de clase media o alta se deslizaba plácidamente”, porque la policía “solo se ocupaba de los lúmpenes”. Lo que salta a la vista en los documentos sobre la “campaña contra la pederastia” de comienzos de los años 1930 es otra cosa. Más que castigar al homoerotismo lumpen y exceptuar a los demás, la policía actuaba con un cambiante doble estándar. Por un lado, el informe de la subsección Moralidad reconocía que la mayor parte de los más de cien homosexuales detenidos en lo que llamaban “frecuentes giras” (esto es, razias) por la ciudad eran de “modesta categoría social”. El arresto se justificaba, en este caso, por la sospecha de que su condición los hacía propensos a “militar en el campo del delito” o bien “ser utilizados por delincuentes en sus diversas actividades”.
De hecho, los arrestos policiales que se justificaban por una línea tenue entre “inversión sexual”, “travestismo” y delito eran frecuentes desde comienzos del siglo XX. Es testimonio de ello la famosa crónica que el periodista Juan José de Soiza Reilly, con informantes internos de la policía de investigaciones, escribió en 1912 para la revista Fray Mocho, acerca de la existencia de una supuesta cofradía de “ladrones que se visten de mujer”. En otro texto, analizamos en profundidad la trayectoria itinerante de una de esas vidas señaladas por Reilly: la de la “Princesa de Borbón”, que transcurrió bajo constante asedio policial en diferentes ciudades. Junto con los edictos policiales por escándalo y desorden, la construcción de un imaginario de contubernio con el submundo delictivo habilitaba las detenciones de pederastas y personas trans de “modesta categoría social”.
Pero, por otro lado, las razias y arrestos que se encadenaron después del edicto de 1932 delineaban otro campo de acción policial extendido hacia las clases medias y altas. El mismo informe de Moralidad admitía que “desgraciadamente” se comprobaba “que el vicio tenía muchos adeptos en las distintas esferas sociales, especialmente en la de más elevada categoría”. Frente a esa realidad, era preciso un estilo de intervención más bien discreto y paternalista, parecido con el criterio usado desde los años 1920 para abordar los conflictos intrafamiliares. Al fin y al cabo, en la óptica policial no se podía tratar a aquellos pederastas “educados, aunque amanerados” e “inteligentísimos” de la misma manera que aquellos pederastas miserables, narrados como proto-delincuentes o auxiliares del delito.
Tan notoria era esta preocupación que las páginas del informe sobre la campaña contra la pederastia se cerraban con una exhortación a los agentes de investigaciones a tratar a los homosexuales de acuerdo con lo que su estatus social exigía. Al pederasta educado había que “hablarle en tono confidencial, haciéndole ver que la policía no pretende castigarlo” y “entender que lo que desea es su identificación en forma estrictamente reservada”. En esos interrogatorios estratégicamente cordiales, usados para nutrir prontuarios, los homosexuales entablaban una conversación desigual, atravesada por el “temor de que se enteren sus familiares y relaciones”. Entonces, dado que en el caso de estos pederastas menos escandalosos se trataba de una “cuestión de orden privado”, era conveniente “mantener oculto el motivo de la detención” y limitarse a identificarlos. Esa facultad de arresto, reforzada por el edicto de 1932, se transformaba en una pedagogía de diferenciación de clases en materia de policía de costumbres.
En 1942 apareció una importante publicación de las Disposiciones de Policía en varios volúmenes, reuniendo el polifónico conjunto de edictos policiales que, desde la reforma de 1932, no habían pasado por nueva revisión ni recopilación. Imperaba – según decía el texto de la introducción – una dispersión de “órdenes del día, públicas y reservadas, circulares impresas y telegráficas”, que dificultaba a los agentes la tarea de conocer las reglas en materia contravencional. En la larga lista de edictos, constaban los de desorden y escándalo que, una década antes, se habían escindido para crear otra fusión: aquella que ataba el concepto de escándalo a la idea de “incitación” y que aglutinaba, en incisos diferentes de un mismo edicto, a prostitutas, homosexuales y pervertidos “conocidos” que provocaban transeúntes o andaban en compañía de menores.
La noción de homosexualidad introducida por aquel edicto de 1932 era recuperada en el artículo 128 del segundo tomo de estas Disposiciones: ya se trataba directamente de un apartado titulado “De los homo-sexuales”, con un guión que quizás enfatizaba cierta novedad del término para el compilador. Este artículo regulaba los canales de comunicación entre las comisarías de barrio y el archivo de la subsección Moralidad. Al tomar “conocimiento de que en determinadas casas o locales de su jurisdicción se reunían homosexuales con propósitos vinculados a su inmoralidad, independientemente de las medidas represivas y de prevención”, el comisario seccional era obligado a comunicar “el hecho” a la División de Investigaciones para su “intervención”, es decir, muy probablemente la apertura de un prontuario.
En el capítulo dedicado al edicto escándalo puede notarse, además, el dinamismo permanente de estas normativas policiales. Las Disposiciones, como cada nueva recopilación de edictos, hacían mucho más que reproducir la letra anterior. El propio inciso 2ºH mostraba esa maleabilidad de los edictos que, con un simple plumazo del jefe de policía, se adaptaban a las circunstancias. Mientras que en el texto original de 1932 la incitación en la “vía pública” y el acto de insinuarse a los transeúntes valía para homosexuales, “mujeres libidinosas” y “prostitutas inscriptas o no en el Dispensario Municipal”, en la versión de las Disposiciones de 1942 la referencia a la inscripción municipal desaparece. El edicto (escándalo) y el inciso (2ºH) eran los mismos, pero la redacción había cambiado. Y en ese cambio se cifraba una mutación fundamental. En su libro La prostitución en Buenos Aires (1937), el comisario Ernesto Pareja situaba esta ruptura alrededor del año 1934, momento de decadencia irreversible de la prostitución regulada. Con la suspensión de la última ordenanza municipal que reglamentaba la actividad, se iniciaba un proceso de adaptación de los edictos prexistentes, puestos a disposición de un poder policial sensiblemente ampliado y que echaría mano de esa herramienta para arrestar trabajadoras sexuales.
Por su parte, el primer Reglamento de Procedimientos Contravencionales (1946) de la recién creada Policía Federal revelaba el impacto del uso de los edictos de escándalo en materia de costumbres. En particular, establecía que al iniciar un expediente por la contravención “escándalo (incitar), artículo 2º, inciso H” y cuando las “circunstancias del procedimiento hacían presumir que la infractora no registraba antecedentes”, antes de otorgar la libertad era preferible “extremar las averiguaciones, con el fin de determinar con precisión los medios de vida, conducta y concepto que merece aquella [mujer] en su domicilio”. Todas las evidencias sugieren que, en los años siguientes y con oscilaciones de intensidad, esta misma táctica de sospecha sería usada por la policía para salir a cazar hombres que buscaban sexo con otros hombres.
Contra el sexo de las locas... y de las putas
Volvamos ahora sobre los pasos de Néstor Perlongher. Los panfletos del FLH, distribuidos en el verano de 1975, clamaban por la “derogación de los edictos policiales” y de “toda la legislación represiva”. El reclamo retomó fuerza a los pocos meses de la asunción de Alfonsín, cuando la militancia gay usó el lema “con represión no hay democracia” para exigir la abolición de los códigos contravencionales y su uso en la “detención para averiguación de antecedentes”. Los panfletos que circulaban en los primeros años del retorno a la democracia recuperaban no solo el legado del FLH, sino especialmente la narrativa histórica publicada en Lampião y relanzada como un informe de la Comisión por los Derechos de la Gente Gay. Recordemos que, en ese texto, Perlongher se había dedicado a darle una explicación histórica a la expresión escuchada por décadas en los encuentros callejeros con agentes policiales y en las noches en comisarías: 2ºH.
“Las disposiciones legales contra la homosexualidad no son exactamente leyes, sino edictos del mismo status de los que castigan la prostitución”, apuntaba con razón Perlongher. En su explicación, la nomenclatura 2ºH correspondía a una orden del día 19 de abril de 1949 que instaba a la policía a castigar prostitutas y homosexuales, “sin distinción de sexos”, por “incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal”. Cuando hacía esta referencia documental, Perlongher tocaba dos puntos fundamentales: por un lado, subrayaba el peso de la ley contravencional en la intervención policial sobre los encuentros eróticos de la ciudad y, por el otro, iluminaba una zona de conexión, efectivamente operante, entre la represión de la prostitución y de la homosexualidad.
Acaso inspirada por esta cita de Perlongher, la literatura sobre la represión de la homosexualidad reprodujo el acento en la orden del día de 1949, como si se tratara del propio edicto escándalo. Pero no lo era. Publicada en la memoria anual de la Policía Federal, esa circular de la jefatura era una respuesta a un proyecto enviado el año anterior por el comisario de la sección 3º, Victorio Mele, que proponía nada menos que una ampliación del alcance del “art. 2º inc. H del Edicto Escándalo” de 1932. En concreto, buscaba que la reglamentación contravencional permitiera actuar ante “aquellos actos de incitación que se cometen en diversos lugares públicos y que no son – precisamente – la vía pública, como de manera específica lo establece el edicto en vigor”. Un largo camino había sido recorrido desde fines del siglo XIX cuando, en su disputa con la municipalidad, la policía resistía entrometerse en espacios privados, hasta este momento de mediados del siglo XX en que buscaba legitimar sus acciones alargando los alcances de la noción de “lugar público”. Las intrusiones de agentes a baños de estaciones ferroviarias y otros espacios de encuentros eróticos, no solo homosexuales, estaban aquí en cuestión.
La orden del día ratificaba entonces la propuesta del comisario Mele y, en otro plumazo de la jefatura, introducía nuevas modificaciones a los incisos del edicto escándalo de 1932, plasmadas en las publicaciones policiales de la segunda mitad del siglo XX. En efecto, es muy probable que Perlongher haya tenido en manos un ejemplar del Reglamento de Procedimientos Contravencionales (conocido como R.R.P.F. 6 y publicado en 1977), donde el 2ºH ya aparecía reformulado de la siguiente manera: “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal (19 de abril de 1949)”. Al leer esta página como una explicación plausible del origen de aquella expresión “2ºH” que se escuchaba en las reuniones del FLH, en las comisarías y en las mazmorras de Devoto, Perlongher puede haber tomado la fecha entre paréntesis de la orden del día como referencia al edicto en sí mismo. Lo que se perdía en el camino no era un supuesto origen más remoto, sino la posibilidad de comprender la especificidad del contexto de producción del edicto de 1932 y también su inserción en un proceso histórico de intensidades represivas oscilantes.
Hurgar en archivos policiales con preguntas sobre la singularidad de cada trama concreta de relaciones de fuerza, de esas redes que posibilitaron y, a la vez, limitaron el accionar represivo, puede ayudarnos a entender esos espacios de interacción en los que convivían vigilantes, comisarios, agentes de investigaciones, putas, cafiolos, clientes, maricas y chongos. Comprenderlos, además, sin precipitarse a concluir que la misma represión “de siempre” operaba con distintos ropajes en cada momento, como sugería la crónica con la que abrimos este ensayo.
Al prestarle mayor atención a esos contextos, puede dimensionarse la tesitura de las vidas que transcurrieron entre la puesta en práctica de los edictos, las complicidades subterráneas, las experiencias de violencias y de deseos entrecruzados. A eso aludía Perlongher en su conferencia sobre el “sexo de las locas” tras el retorno de la democracia, al reiterar la historia del 2ºH y recordar cuando, en tiempos de Onganía, un muchacho bien vestido lo había invitado a subir a un auto en el que otros “entendidos” se daban caricias. Todo terminó en tres horas de pánico, robo de sus pertenencias y una detención policial por sospecha de homosexualidad. Apenas lo salvó una puta que le dio dinero para volver en tren al centro.
*Cristiana Schettini es profesora en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del CONICET.
**Diego Galeano es profesor del Departamento de Historia de la PUC-Rio de Janeiro e Investigador del CNPq en Brasil.
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Agradecimientos
L*s autor*s agradecen a Gisela Galassi, del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, por su ayuda con los Prontuarios de la Sección Moralidad Pública de la policía de Rosario; al artista Pablo Paez, a Ariel Osmar Arredondo del Archivo de Editorial Perfil y a Carolina Katz. Agradecen también al equipo de editor*s del periódico Lampião da Esquina, en particular a João Silvério Trevisan. Y a l*s integrantes de la colectiva editora de Moléculas Malucas, especialmente a Juan Queiroz por el riguroso trabajo de edición, y por la búsqueda y curaduría de las imágenes que acompañan el texto.
Cómo citar este trabajo
Schettini, Cristiana y Galeano, Diego. Contra locas y putas. Edictos, policía de moralidad y usos del pasado.
Moléculas Malucas, septiembre de 2022.
https://www.moleculasmalucas.com/post/contra-locas-y-putas
Sobre este artículo
Este ensayo forma parte de una investigación colaborativa sobre historia de la policía de costumbres en la Argentina, en el marco del proyecto “Conexiones atlánticas: trabajo circulaciones y vigilancia en la conformación del espacio atlántico sudamericano, 1902-1932” (PICT 03159-2019).
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